Reforma migratoria e industria carcelaria II

imagesMarco Vinicio González

Noticiero Latino

Segunda

El acelerado crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos alarma, y acusa entre otras cosas un patrón de discriminación y racismo; porque las detenciones, arrestos y encarcelamientos que implementan las autoridades suelen descansar en prácticas que ejercen el perfil racial, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos, y más elocuentemente la composición étnica de la población carcelaria, por cierto la mayor del planeta, que no corresponde a la manera como está distribuida la diversidad en la realidad social, ni a la comisión de delitos cometidos por los diferentes grupos. Además, el rápido crecimiento de dicha población en cautiverio revela también la existencia de una floreciente industria privada que construye y administra gran parte de las cárceles estadunidenses, con contratos multimillonarios con el Estado. Esta es la Segunda entrega de una serie de tres.

La huelga de hambre en las cárceles de California I

Stop-and-Frisk y racismo III y última

 

 

Más del 60 por ciento de la población carcelaria de este país corresponde a grupos de las minorías étnicas en Estados Unidos,  de acuerdo con The Sentencing Project, un centro de investigación y abogacía que busca reformar el sistema de justicia criminal con la intensión de volverlo más justo, que propone reformas en las prácticas legales y en la emisión de sentencias, y que además busca una alternativa a la reclusión. En base a una acuciosa investigación que se prologa por décadas dicho centro sostiene que actualmente hay 283 mil reos latinos en el sistema carcelario estadunidense, incluidos aquellos en prisiones locales, estatales y federales. En cuanto a los afroestadunidenses sostiene que 1 de cada 10 puede llegar a prisión cualquier día de la semana. Esta tendencia se ha venido intensificando, señalan algunos de sus documentos, por el impacto desproporcionado en los arrestos derivados como una inercia imparable de la “guerra contra las drogas” (el entrecomillado es del Sentencing Project), en la que dos terceras partes de los presos, que han sido recluidos mayormente por delitos contra la salud, pertenecen a la gente de color. Según US Sentencing Commission Inc, en las prisiones estrictamente federales “los latinos conforman el 32% de la población carcelaria, o sea, uno en cada tres presos”, mientras que en 1985 la población latina recluida en las cárceles federales era del 10.9 por ciento de la población general en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Los latinos son el grupo de mayor crecimiento entre la población carcelaria nacional, y entre todos los latinos la mayoría de ellos son mexicanos, simplemente por la proporción demográfica que guarda este grupo con respecto a la población general de este país, sostiene la fuente.

La reforma migratoria y sus principales beneficiarios según The Wall Street Journal

El proyecto de reforma migratoria (S 744, o Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act of 2013), impulsado por el gobierno federal y que el Senado de Estados Unidos aprobó el pasado 27 de julio en una votación bipartidista de 68 a 32, atraviesa por un momento nebuloso. Hasta hace muy poco se esperaba que por estos días que regresaban los congresistas federales al Capitolio tras su receso de verano y cuando las pláticas y movilizaciones de la sociedad civil que confrontaron dichos políticos en sus respectivos distritos electorales hubieran amainado, la confección de un proyecto de reforma migratoria en la cámara baja retomaría su cauce. Pero de pronto se cruzó por el surcado camino de dicha reforma la amenaza de un ataque militar contra Siria, cuyos ánimos belicistas se desinflaron temporalmente entre otras cosas gracias a las argucias de Rusia, aunque ahora los radicales republicanos del Tea Party interponen a la discusión de la reforma migratoria el debate sobre el gasto público y el tope al endeudamiento del gobierno como prioridad de la agenda legislativa, misma que enfrenará una feroz oposición de los republicanos empeñados en derogar la ley de salud. Y de no llegar al piso de la cámara baja un proyecto de reforma, este tema seguramente se pospondría hasta 2015 porque el año que entra es un año de elecciones y al parecer el Congreso no tiene capacidad para hacer dos cosas a la vez. Además, el difícil tema de la ruta a la ciudadanía que defiende la comunidad pro inmigrante junto con sectores empresariales, religiosos, académicos y sindicales como condición de todo proyecto de reforma migratoria que se considere medianamente aceptable, ha opacado sin embargo la atención de otros aspectos importantes del debate. Por ejemplo, el que los esfuerzos del Congreso en reescribir las leyesde inmigración del país, cuya última revisión data de los años 80 con la reforma -amnistía- impulsada por el expresidente, Ronald Reagan, van a favorecer generosamente a la industria carcelaria privada, que ha venido recibiendo enormes beneficios económicos con las políticas derepresión, persecución y encarcelamiento de inmigrantes indocumentados en este país, según revela un enjundioso estudio recientemente publicado por The Wall Street Journal (WSJ).

Jugoso Negocio

Corrections Corporation of America (CCA) y GEO Group Incorporation -nos dice el estudio- serían las dos corporaciones privadas que ganarían muchísimo más con los mil 600 millones de dólares contenidos en el presupuesto del proyecto de reforma migratoria del Senado para la próxima década, aprobado por esa cámara legislativa en la ley S 744. Esto incrementaría necesariamente la población carcelaria en más de 14 mil reclusos por año, proyecta la Oficina de Presupuesto del Congreso. La explosión en la construcción de prisiones, que en los últimos años ha venido impulsando la iniciativa privada en el ámbito oficial junto con la tarea de administrar las cárceles en buena parte de la nación, pudiera rastrearse en los millonarios gastos de cabildeo de dicha industria privada en el Congreso (ambas cámaras), y en las generosas donaciones a campañas electorales a ambos partidos políticos. De acuerdo con información del Senado, Corrections Corporation contribuyó a dichas campañas tan sólo el año pasado con casi un millón de dólares. Y según el Centro para la Política Responsable, GEO Group donó otro medio millón de dólares. Este último gigante, corporativo, GEO mantiene el negocio de construcción y administración de prisiones en muchas otras partes del mundo.

El potencial beneficio económico representa puessólo un ejemplo decómo las referidas corporaciones y la economía, con la reescritura de las leyes de Inmigraciónpodrían estar inclinando el cuerno de la abundancia en favor de la industria privada que construye y administra cárceles. Además, las empresas de alta tecnología y soporte a la planta productiva del país pugnan por obtenermás visaspara trabajadores extranjerosaltamente calificados, y los agricultores buscan mayoracceso amano de obra inmigrantea través de unprograma de visasampliado; una suerte de Programa Brasero en esteroides. “El sector privado se beneficiaría más porque el gobierno federal ha recurrido a él para administrar el mantenimiento del sistema carcelario, y por tanto de los inmigrantes presos”, dijo al The WSJ Kevin Campbell, analista e investigador de la firma de inversiones Avondale Partners, que está recomendando a CCA y GEO Group para que consoliden el 80% de los internos adicionales (léase: los inmigrantes).

La Reforma

No es claro sin embargo cómo le irá o si habrá proyecto de reforma migratoria en la Cámara de Representantes, renuente a discutir el tema y posponiéndolo con una serie de pretextos que anticipan una decisión de difícil pronóstico. Sin embargo, de pasar el proyecto en la cámara baja, muchos observadores -señala el WSJ-, esperan que en todo caso dicho proyecto se dirigiría a la detención de inmigrantes indocumentados. Además, cualquier compromiso que derive de ahí necesitará fondos adicionales para el rubro de la seguridad fronteriza, dice Stephen Myrow, director administrativo de ACG Analytics Inc., una firma de investigación en el campo de las inversiones que asesora a clientes con la idea de que la reforma migratoria robustecerá los ingresos de la industria privada que administra las prisiones.

Pero de pasar en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma migratoria, advierte la fuente, esto representa no obstante un serio desafío para el negocio de las cárceles, que ven ventajas en el referido proyecto de reforma así como está. Si tal proyecto legaliza incluso temporalmente a los 11 millones de indocumentados que se hallan aproximadamente dentro del territorio estadunidense, dicha legalización los des criminaliza y viene a dar al traste con el mercado -’ora sí que cautivo- de esta floreciente industria privada que administra buena parte del sistema carcelario en el país. Actualmente el Congreso requiere a la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, mantener ocupadas 34 mil camas al año en el sistema carcelario federal, declaró por su parte Damon Hininger, director ejecutivo de CCA, al tiempo que oficiales de ICE presumieron que “siempre va a haber demanda de camas”.

La transferencia de la riqueza social en manos del sector público a la industria privada para la administración de facilidades carcelarias y de presos se opera y legitima de esta manera. En algún momento no obstante el gobierno pensó que ahorraría dinero contratando corporaciones como CCA y GEO, pero lo cierto es que las corporaciones privadas no le ahorran en realidad nada al erario público administrando las cárceles, sino por el contrario, afirma la investigación del rotativo especializado en dinero. De hecho hay muchos críticos de dicho modelo corporativo que están presionando al Congreso para que limite las detenciones de inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que cometieron crímenes serios.

Vale anotar que durante los últimos cuatro años los casos de inmigración hacen la mayoría de los convictos que ingresan al sistema carcelario federal, alcanzando la cifra del 32% de todos los presos sentenciados el año pasado. Esto de acuerdo con datos de US Sentencing Commission Inc. En el año 2000 aproximadamente 13 mil personas ingresaron a prisión por delitos relacionados con la migración, según la Oficina de Justicia Etadística (Bureau of Justice Statistics). 11 años después, es decir, hace dos años la cifra había saltado ya a 22 mil 100 detenidos por dicha causa.

De 2005 para acá los contratos del gobierno federal con ICE en este rubro han generado también un enorme salto en las ganancias de estos consorcios privados, a partir de que el gobierno federal comenzara a fincar cargos criminales en contra de muchos más inmigrantes indocumentados que del resto de los otros infractores de la ley. GEO Group generó aproximadamente un cuarto de sus ganancias en 2005, de los contratos con el gobierno federal, cuyo 5% vino solamente de ICE, de acuerdo con su propio reporte anual. Pero el año pasado dichas ganancias por contratos con el gobierno alcanzaron el 40%, o sea, mil 400 millones de dólares y la cifra del dinero que provino de ICE rozó el 14%, reporta la fuente.

En cuanto a las ganancias de CCA, esta corporación ganó con el gobierno mil 700 millones de dólares, 206 de los cuales vinieron de ICE el año pasado, de acuerdo también con el propio reporte anual de esta agencia federal. Ambas compañías están abriendo nuevas facilidades carcelarias y ofreciendo servicios adicionales. GEO Group, por ejemplo adquirió una compañía con contratos exclusivos con ICE en 2011 para monitorear inmigrantes indocumentados en procesos de deportación, pero sin cargos criminales. Esta corporación cabildeó exitosamente para incluir la alternativa de un programa de detención de indocumentados en el proyecto de reforma migratoria recién aprobado por el Senado.

Seguridad fronteriza

En su oportunidad, el director del Instituto William C. Velázquez y uno de los latinos más influyentes de Estados Unidos según la Revista Time, Antonio González declaró recientemente en México a la junta editorial del periódico La Jornada que “es falso lo que en México creen sobre la reforma migratoria”, y aseguraba que de aprobarse, “propiciará un control más estricto de la frontera y criminalizará a quienes no resulten elegibles”, de esos 11 millones de indocumentados potencialmente elegibles para aspirar a la ciudadanía estadunidense.

 Lo que hay en el Senado de Estados Unidos es un proyecto de seguridad nacional, que contiene una propuesta de legalizar sólo a una pequeña parte de los inmigrantes”, señalaba González. En el contexto señalado por el WSJ las declaraciones de González hacen sentido.

El investigador del William C. Velázquez sostenía que con la última reforma migratoria decretada por el expresidente, Ronald Reagan en 1986, IRCA, el gobierno federal había invertido cinco mil millones de dólares de aquellos tiempos en los estados, iglesias, escuelas y grupos comunitarios para impartir clases de inglés, español, civismo, etcétera. “En este proyecto no hay ni un dólar. No hay recursos ni tiempo. Por eso digo que es una legalización diseñada para fracasar. Y al fracasar, los que no entran serán clasificados como criminales y sujetos a la deportación inmediata”, deploraba González. Pero antes de ser deportados, como ya dijimos, estos inmigrantes indocumentados pasarían necesariamente por el sistema judicial, por las cortes -si tiene algo de ‘suerte’- y por las cárceles o centros de detención rentados por ICE a la iniciativa privada trasnacional.

Otra investigación periodística, esta de The New York Times sostiene que 300 inmigrantes indocumentados ingresan y son remitidos diariamente a confinamiento hasta por 75 días de parte de ICE.

Sea como fuere, el hecho es que la composición étnica de la población carcelaria en Estados Unidos refuerza la percepción social a cerca de la existencia de fuertes vestigios de racismo en el sistema de justicia, y levanta serias preguntas sobre el destino real de la riqueza económica contenida en un proyecto de reforma migratoria de llegar a pasar este año así como está.

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