Pregunta frecuente sobre el Censo 2020 de EE UU

El 23 de abril de 2019, activistas de inmigración se reúnen frente a la Corte Suprema mientras los jueces escuchan argumentos sobre el plan de la administración Trump para preguntar sobre la ciudadanía en el censo de 2020, en Washington. Un juez de Nueva York dijó que el Departamento de Justicia no puede cambiar tan tarde en la disputa sobre si agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020. Foto: KAVAL.

El 23 de abril de 2019, activistas de inmigración se reúnen frente a la Corte Suprema mientras los jueces escuchan argumentos sobre el plan de la administración Trump para preguntar sobre la ciudadanía en el censo de 2020, en Washington. Un juez de Nueva York dijó que el Departamento de Justicia no puede cambiar tan tarde en la disputa sobre si agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020. Foto: KAVAL.

Por Pilar Marrero

Ethnic Media Services/Especial para La Opinión

Expertos en leyes migratorias recomiendan que inmigrantes con DACA y sus familias participen en el Censo 2020. Hoy continuamos con nuestra serie ocasional dedicada a responder las preguntas más frecuentes sobre el Censo. Si tiene alguna pregunta o duda sobre el Censo, escriba a pilarmarrero700@gmail.com y usaremos sus preguntas para consultar a expertos y obtener respuestas. Las preguntas utilizadas hasta ahora en la serie se recopilaron a través de las redes sociales.

Pregunta:

“Soy ciudadana de Estados Unidos y vivo con mi novio que tiene estatus DACA. Si la Corte Suprema desactiva DACA, ¿me conviene incluir la información de mi novio en el recuento del censo de 2020? Me temo que mi participación en el cuestionario afecte negativamente a mi compañero. Gracias”.

Respuesta:

DACA es un programa que suspende o difiere (pospone) la deportación y permite el estatus legal temporal a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. El programa, también conocido como “acción diferida” fue implementado por el expresidente Barack Obama en 2012.

En 2017, la administración Trump anunció que lo eliminaría gradualmente, alegando que había sido ilegal desde el principio. Esa disputa aún se encuentra en tribunales y se espera una decisión de la Corte Suprema en los primeros seis meses de este año.

Desde el principio, varias demandas argumentaron que la decisión de Trump sobre DACA incumple la ley federal de procesos administrativos y también violenta ciertos derechos constitucionales, como la igualdad de protección y las garantías al debido proceso.

Varios tribunales federales emitieron medidas cautelares en todo el país, impidiendo al gobierno de Trump terminar con DACA y forzándolo a continuar renovando los permisos a quienes son elegibles. El pasado año, la Corte Suprema del país decidió considerar la disputa antes que los tribunales inferiores realizaran un juicio completo y tras una audiencia en noviembre, podría anunciar su decisión en cualquier momento antes del próximo mes de junio sobre el futuro de los recipientes de DACA.

Este fallo del alto tribunal llegará casi al mismo tiempo que se está realizando el Censo de Estados unidos, que comienza en áreas remotas de Alaska en enero y sigue por varias fases hasta finales de julio. Un proceso no tiene nada que ver con el otro, pero genera interrogantes sobre si los beneficiarios de DACA deben o no participar en el Censo.

Hay más de 700 mil personas en Estados Unidos con permisos DACA activos, y a menudo viven en familias de estatus mixto, con otros que tienen una variedad de situaciones de inmigración, o son ciudadanos de nacimiento. Otros familiares pueden sentir que ponen en peligro a los Dacamentados al nombrarlos en las respuestas del censo de su hogar.

Esto no es así, explica Daniel Sharp, Director Legal del Centro de Recursos Centroamericanos en Los Ángeles CARECEN, una organización que ayuda a los jóvenes inmigrantes con DACA a conocer sus derechos cuando se trata del beneficio.

A Sharp le preocupa que los titulares de DACA o sus familias no participen en el Censo de Estados Unidos debido a la idea errónea de que su nombre y otra información podrían divulgarse al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y utilizarse en su contra para fines migratorios.

“Hay dos cosas que decir a esa pregunta”, dijo Sharp.

La primera, es que la Oficina del Censo de Estados Unidos está bajo leyes muy estrictas sobre el intercambio de información personal. “Las leyes de protección confidencial que se aplican a la información del censo se encuentran entre las más fuertes que existen en nuestras leyes”, dijo Sharp. “La Oficina del Censo de Estados Unidos tiene prohibido compartir información con otras agencias relativas a cualquier individuo o empresa”.

Eso significa que la Oficina del Censo de Estados Unidos “no puede revelar el nombre de la persona, su estado migratorio o cualquier otra información”. Pero pueden compartir “datos agregados”. Es decir, pueden señalar cuántas personas hay en un grupo demográfico en particular, por ejemplo, pero no pueden transmitir la información de ninguna persona a ningún otro departamento del gobierno. “Esto es por ley”, agregó.

La segunda respuesta a esa pregunta es que agregar al titular de DACA a la respuesta del censo de un hogar en particular no le da al gobierno ninguna información adicional que el Departamento de Seguridad Nacional  no tenga ya, por el simple hecho de que la persona solicitó ya el beneficio.

“El gobierno federal ya tiene toda esta información”, dijo el abogado. “Cualquier riesgo de deportación que tenga el titular individual de DACA es independiente de si participa o no en el Censo. Estas personas entregaron su información al gobierno cuando solicitaron y renovaron su DACA. Incluso si se mudaran, el gobierno podría rastrear su número de seguro social y encontrar dónde trabajan o viven”.

Sin embargo, la información dada al gobierno por los titulares de DACA está protegida por un acuerdo hecho en 2012 por el gobierno, de no usar sus datos para fines de deportación a menos que la persona presente un riesgo a la seguridad nacional.

Ese acuerdo está en litigio en este momento y el gobierno federal está bajo una orden judicial a nivel nacional para seguir su guía original de 2012, sobre no compartir o usar la información privada de los destinatarios de DACA para fines migratorios; a menos que existan ciertas circunstancias, como que la persona representa una amenaza a la seguridad nacional o ha cometido ciertos delitos.

Sharp señala también que agregar titulares de DACA a las respuestas del censo en el hogar donde viven es “recomendable… La información está segura y es importante contar a todos los residentes de un hogar”, dijo Sharp.

Recientemente, Sharp afirmó que en caso de haber una decisión adversa de la Corte Suprema contra DACA, la mayoría de los titulares tendrán el derecho de defenderse en la corte de Inmigración, un proceso que podría asegurarles su vida en el país durante varios años más.

Se desconoce cuándo la Corte Suprema decidirá sobre DACA, pero los activistas y los abogados quieren asegurarse de que cada titular de DACA participe en el Censo, y así tener derecho a obtener los recursos y servicios que todos los demás obtienen del conteo de población que ocurre cada 10 años.

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