Legalización y ciudadanía: muchos caminos conducen a Roma

Foto Idaho Farm Bureau

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Maribel Hastings

America’s Voice, Washington, DC

Ahora que los republicanos de la Cámara Baja se aprestan a presentar sus “principios” de reforma migratoria y se especula sobre la amplitud del concepto de “legalización” que se propondría mediante diversas medidas, hay certezas e interrogantes sobre quiénes, dentro del amplio y diverso universo de indocumentados, podrían acceder a una vía acelerada a la eventual ciudadanía, aunque no necesariamente especial, quiénes podrían regularizarse y quiénes quedarían fuera de la ecuación.

Para Marshall Fitz, director de política migratoria del Center for American Progress (CAP), en el  debate de legalización vs. ciudadanía se pierde el marco a través del cual debería verse el proceso: “La pregunta debería ser cuán amplia será la vía a la ciudadanía, cómo compara con lo que ofrece el Senado (mediante el proyecto S. 744 aprobado el 27 de junio del 2013) o cómo compara con el HR 15 (la propuesta demócrata de reforma amplia)”, dijo Fitz.

“Y la respuesta es que no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí es cierto es que hay múltiples mecanismos para arribar a resultados comparables”, agregó Fitz.

No hay dudas de que entre 1.5 y 2 millones de DREAMers tendrían acceso a una vía acelerada a la ciudadanía en lo que formule -si lo hace- la Cámara Baja.  Muchos de estos jóvenes indocumentados, traídos por padres o familiares desde niños, fueron amparados de la deportación mediante la Acción Diferida (DACA) girada por la administración Obama en 2012. Son profesionales, estudiantes o interesados en servir en las fuerzas armadas.

Es probable también que aproximadamente entre 1 y 1.5 millones de trabajadores agrícolas se beneficien de algún “canal” a la ciudadanía. Uno de los sectores más desprotegidos entre la población indocumentada y uno de los más vitales: pizcan o procesan los alimentos en nuestras mesas. Un 72% de los trabajadores agrícolas son extranjeros; de esos, entre 75% y 90% no tienen documentos.

Fuera de los DREAMers y de los trabajadores agrícolas, ¿qué pasaría con el resto del universo de indocumentados?

Uno de los principales obstáculos a la legalización de indocumentados es la prohibición de los 3 y los 10 años que impide que inmigrantes peticionados por residentes permanentes o ciudadanos inicien su vía a la legalización y posterior ciudadanía .Quienes ingresan sin documentos a Estados Unidos y luego, mediante una relación familiar, buscan legalizarse, deben radicar su solicitud en un consulado de Estados Unidos en el  extranjero. Al salir del país activan las llamadas prohibiciones, de tres años si llevan seis meses viviendo aquí sin papeles, o de diez años si llevan un año o más.  Aunque el gobierno otorga “dispensas” a ciertos  familiares de ciudadanos que prueben que su salida del país y su eventual ausencia por tres o diez años provocará daños extremos a su familia, de todos modos el solicitante debe salir del país y peticionar la dispensa. Nuevas regulaciones permiten que algunas de estas personas completen parte del proceso en Estados Unidos y su salida y eventual retorno no deberían activar las prohibiciones, pero el proceso es complicado y, ante el riesgo, muchos optan por seguir sin papeles.

Se desconoce cuán amplio es ese universo: 1 millón, aunque muchos creen que son hasta 3.5 ó 4 millones. El problema no son únicamente las prohibiciones sino que no hay suficientes visas existentes para regularizarlos. ¿Se agregarán más visas y se levantarán las prohibiciones? Ambas cosas supondrían la potencial legalización y posterior vía a la ciudadanía para millones.

Por otra parte, se calcula que al menos 5 millones de niños ciudadanos estadounidenses tienen cuando menos un padre o madre indocumentados. Se maneja una cifra de al menos 4.4 millones de padres. La organización Families First calcula que anualmente 100 mil padres y madres de niños ciudadanos son deportados. Muchos de estos padres se beneficiarían del levantamiento de las prohibiciones de los 3 y los 10 años. Otros podrían ser peticionados por sus hijos ciudadanos cuando arriben a los 21 años, o por sus hijos DREAMers que se legalicen.

Circulan diversos análisis con diversas cifras, pero en tanto no se presente un proyecto o proyectos con lenguaje específico, es difícil ofrecer cifras más aproximadas sobre quiénes se beneficiarían. Y se desconoce cuán específicos serán los “principios” de reforma que presentarán los republicanos de la Cámara Baja.

Aunque el tema migratorio no parece ejercer presión entre los republicanos de cara a las elecciones de medio tiempo, la presión de atraer votantes latinos de cara a las generales de 2016 puede ser un factor en los esfuerzos republicanos de reparar su imagen entre los votantes hispanos mediante reformas a las leyes de inmigración.

A prima facie aparenta ser un avance que los republicanos hayan pasado de promover la autodeportación a considerar planes de legalización.

“Hay diferentes vías para arribar a un sustancial número de personas obteniendo la residencia permanente  y, por ende, haciéndose elegibles para la ciudadanía. Serían diferentes marcos de tiempo y no un solo modelo para todos”, dijo Fitz.

En el debate de legalización y ciudadanía, muchos caminos podrían conducir a Roma.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

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