La intención de construir un muro fronterizo “sin el Congreso” recibe nuevo revés

Desde Playas de Tijuana, echando un vistazo hacia San Diego. Foto: digitalpost.com

Desde Playas de Tijuana, echando un vistazo hacia San Diego. Foto: digitalpost.com

De la redacción

Este fin de semana la administración federal recibió un nuevo revés cuando el juez federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, dictó una orden preliminar que impide al gobierno federal construir un muro a lo largo de la frontera del suroeste redirigiendo fondos apropiados para otros propósitos y “pretextando una declaración de emergencia nacional” emitida en febrero.

El juez de la corte federal para el Distrto Norte de Estados Unidos, designado por el presidente Obama, Haywood Gilliam supervisa un par de juicios legales sobre el financiamiento del muro fronterizo que solicitaba Trump. En uno de estso casos falló Gilliam dictaminó que “la administración federal probablemente supera la autoridad estatutaria del presidente”.

Específicamente Gilliam señaló que “parte del dinero que la administración intentaba asignar” de fondos de otras agencias, “limita los proyectos de construcción de muros en El Paso, Texas y en Yuma, Arizona, reporta Los Angeles Times.

La fuente afirma que en una entrevista de Fox News con Mick Mulvaney, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, éste declararía que el muro se construirá, “con o sin el Congreso”. Gilliam agregó que la idea de que “el presidente puede actuar sin el Congreso, luego de que la propuesta de la Casa Blanca fuera rechazada por los legisladores del comité de apropiaciones del  la cámara baja, “no concuerda con los principios fundamentales de separación de poderes que se remontan a los primeros días de nuestra República”.

De acuerdo con la fuente, los dos casos que el juez Gilliam supervisa desde principios de este mes son: uno, que fue presentado por el Estado de California junto con otros 19 estados; y el segundo, sometido por Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, en nombre de Sierra Club y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur.

Estos desafíos legales se presentaron poco después de que el presidente Trump declarara una emergencia nacional en la frontera con México, dice el Times. “El movimiento por parte del presidente siguió a un enfrentamiento de dos meses con el Congreso, sobre la financiación para construir su muro tan prometido” a sus electores.

Y como se sabe, el enfrentamiento de Trump con los líderes demócratas de ambas cámaras legislativas llevó a un cierre parcial del gobierno en diciembre y enero, y luego del cierre el Congreso sólo asignó aproximadamente mil 400 millones de dólares. “Insatisfecho con el resultado, Trump mantuvo la intención de financiar el muro ‘con o sin’ las asignaciones del Congreso”, señala la fuente.

Dror Ladin, uno de los abogados de ACLU que defendió el caso, declaró a la fuente que “Nuestra demanda busca detener la toma ilegal de poder del presidente antes de que cause un daño irreversible a las comunidades fronterizas y al estado de derecho”, dijo.

Y es que los demandantes sostienen que “el caso no es sobre si el desafiado plan de construcción de la barrera fronteriza es sabio o imprudente… No se trata de si el plan es la respuesta política correcta o incorrecta a las condiciones existentes en la frontera sur de los Estados Unidos”, dijeron apoyándose en el fallo del juez Gilliam.

La Casa Blanca, que no contestó a una solicitud de entrevista de Los Angeles Times, dijo en un comunicado que “la administración redireccionaría 601 millones de dólares del fondo de confiscación del Tesoro; hasta 2 mil500 millones de los fondos del Departamento de Defensa asignados para combatir la actividad de drogas, y hasta 3 mil 600 millones de dólares de los proyectos de capital del Departamento de la Defensa”.

Luego de que California y otros 15 estados se unieran para demandar legalmente a la administración Trump e impedir que mueva los fondos de un lado para otro sin la autorizacion del Congreso, otros cuatro estados se han unido a la demanda. En ella, “solicitaron una interdicción temporal contra la administración mientras se escucha todo el caso”.

Y días después, ACLU “también presentó una demanda contra el presidente en nombre del Sierra Club y la Southern Border Communities Coalition, para impedir que el presidente acceda a los fondos del Departamento de Defensa”. Argumentaron, dice el Times, que “la declaración de emergencia del presidente es tanto un abuso de poder como una violación a la Ley de Política Ambiental Nacional”.

En el fallo del juez Haywood Gilliam se establece que “No se trata de si el plan –de Trump- es la respuesta política correcta o incorrecta a las condiciones existentes en la frontera sur de Estados Unidos”. Sino que en este caso, “presenta preguntas legales estrictas con respecto a si el plan propuesto para financiar la construcción de barreras fronterizas excede la autoridad legal del Poder Ejecutivo”.

Y la respuesta de Gilliam fue que sí; que en efecto “Sí excede la autoridad legal del Poder Ejecutivo”, y además trastorna la división de poderes, fundamental para sostener el sistema político y la democracia estadunidenses■

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