Fiscales de 25 estados piden a Betsy DeVos meter en cintura a la industria de préstamos estudiantiles

De la redacción

Reporte del Instituto Brookings sobre las deudas estudiantiles lanzan a los estudiantes a las calles a protestar contra el abuso delos prestamistas. Foto: Business Insider.

Reporte del Instituto Brookings sobre las deudas estudiantiles lanzan a los estudiantes a las calles a protestar contra el abuso delos prestamistas. Foto: Business Insider.

Durante el último año de la administración Obama, el expresidente instruyó al entonces secretario de Educación John King, para que ‘metiera en cintura’ a las agencias de cobro de préstamos estudiantiles. Es decir, para que dejaran de engañar a los estudiantes, estableciendo una serie de regulaciones que obligaban a las agencias de cobro a informar a los estudiantes sobre las diferentes maneras con que podrían reducir o eliminar sus deudas de la forma más eficiente posible. Y es que en Estados Unidos los préstamos estudiantiles no son atendidos por la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, sino gestionados por empresas privadas que hasta ese entonces eran contratadas por el Estado, no por sus méritos en ayudar a los estudiantes a pagar sus préstamos sino por su capacidad de cobrar las deuda ¡a como diera lugar!

Con la llegada de la administración Trump la nueva Secretaria de Educación, Betsy DeVos derogó las regulaciones existentes que supervisaban a la industria de préstamos estudiantiles, dejando pasmados a millones de estudiantes de todo el país. De acuerdo con el Departamento de Educación (DOE), se calcula que por lo menos habrá unos 8.7 millones de estudiantes morosos, que se quedan sin la protección de la ley. Y la esperanza de pagar sus créditos vuelve a ser tan difícil como antes.

Hoy una coalición bipartidista de procuradores generales de 25 estados, liderados por el fiscal de Nueva York está pidiendo a la secretaria de Educación, Betsy DeVos, rechazar la petición de la industria de préstamos estudiantiles que busca inmunidad ante el estado de derecho y la supervisión de los estados para hacerlos cumplir con la ley.

En carta a DeVos los funcionarios de los 25 estados se oponen a un inapropiado intento de la referida industria para dejar de lado a los reguladores estatales, en medio de una crisis de préstamos estudiantiles. El Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman dice a la funcionaria federal que “proteger a los prestatarios de los préstamos estudiantiles es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo sin importar el partido o la ideología”. Insta al DOE a rechazar la campaña de prestamistas y cobradores de deudas para desmantelar la supervisión del Estado sobre la referida industria prestamista.

Y es que en los últimos años “los fiscales estatales han investigado una serie de problemas importantes y de largo alcance en la industria de préstamos estudiantiles, logrando acuerdos que han devuelto decenas de millones de dólares a los bolsillos de los estudiantes endeudados”, dice Schneiderman en un comunicado.

Por su parte, los principales grupos de dicha industria prestamista han comenzado a cabildear en el DOE para bloquear o “adelantarse” a los esfuerzos dirigidos por el Estado para combatir sus “continuos abusos”.

Porque como explican los fiscales estatales en su carta de hoy, “DOE carece de la autoridad legal para bloquear la supervisión estatal, y cualquier intento por dejar de lado la supervisión estatal efectiva pondría en riesgo a los estudiantes” prestatarios.

“Hoy me enorgullece liderar una coalición de fiscales generales de estados rojos y azules para luchar contra una industria que necesita una reforma urgente. No podemos permitir que los administradores de préstamos estudiantiles dejen de lado la ley estatal y la supervisión, y nieguen a los estudiantes y prestatarios estas protecciones vitales contra los abusos de los prestamistas”, dijo Schneiderman.

Los siguiente ejemplos resultan de investigaciones realizadas recientementemente por los estados sobre prácticas de algunas instituciones:

  • Education Management Corporation engañó a los estudiantes sobre los costos del programa, las tasas de graduación y las tasas de colocación de empleo. Como parte de un acuerdo multiestatal, fiscales estatales obtuvieron más de 100 millones de dólares en condonación de préstamos.
  • Devry University, atraía a los estudiantes con anuncios que exageraban el éxito de los graduados en la búsqueda de empleo tras la graduación, con afirmaciones inadecuadas sobre el éxito salarial de los graduados. La FTC, el Fiscal General Schneiderman y otros reguladores estatales obtuvieron más de 100 millones de dólares en reembolsos y alivio a la deuda de sus antiguos estudiantes.
  • Aequitas Capital Management Inc, en una investigación realizada por DOE y la Fiscalía General de California determinó que Corinthians College tergiversó el éxito laboral de los graduados en relación con algunos de sus programas, haciendo que ciertos estudiantes fueran elegibles para el cumplimiento de sus préstamos estudiantiles federales administrados por Aequitas Capital Management Inc. El acuerdo multiestatal resultante proporcionó 183 millones de dólares en alivio a préstamos estudiantiles para 41 mil estudiantes en todo el país.

Los fiscales generales explican en su carta que las solicitudes de inmunidad por parte de estas industrias “desafiarían el papel bien establecido de los estados, para proteger a sus residentes de prácticas fraudulentas y abusivas, que simplemente exceden el alcance de la autoridad administrativa legal del Departamento de Educación, y dañarían innecesariamente a los estudiantes y prestatarios que son el centro de la misión de dicha dependencia federal”.

Además, los fiscales generales señalan que “las agencias estatales para el cumplimiento de la ley durante mucho tiempo han estado en la primera línea para proteger a sus ciudadanos del fraude, la conducta engañosa y las prácticas comerciales desleales, incluidas las de las compañías de servicios financieros, los cobradores de deudas y otros”.

Los Fiscales Generales y otros altos funcionarios estatales que firman la carta pertenecen a California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Minnesota, Montana, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont y Washington■

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