Fallo laboral pudiera tener consecuencias profundas en la industria agrícola de CA

Trabajadores agrícolas que laboran en el campo, en el Valle de Coachella (CA), una de las regiones agrícolas más grandes del país, han esperado por años una reforma migratoria que regularice su situación pafra acceder a derechos plenos. Foto: Heidi de Marco / KHN.

Trabajadores agrícolas que laboran en el campo, en el Valle de Coachella (CA), una de las regiones agrícolas más grandes del país, han esperado por años una reforma migratoria que regularice su situación pafra acceder a derechos plenos. Foto: Heidi de Marco / KHN.

Marco Vinicio González

La forma como se define a ciertos trabajadores agrícolas plantea un serio problema para esta industria. Esto salió a la luz luego de que media docena de trabajadores del campo fueran despedidos en 2017 tras preguntar por los comprobantes de pago en sus cheques semanales.

Entonces intervino el Consejo de Relaciones Trabajador Agrícolas (ALRB), que vela por los derechos laborales a los campesinos de California, y determinó que dichos trabajadores de Cinagro Farms, Inc., un rancho en el condado Ventura que cultiva col rizada, lechuga, rábanos, cilantro y perejil, fueron despedidos ilegalmente y mal clasificados laboralmente de forma intencionada, reportó Vida en el Valle.

La trabajadora agrícola de la Costa Central de California, Marisol Jiménez detonó el caso a nombre de otros cinco campesinos, defendidos bajo la ley de 1975 de California, que otorga derechos laborales a los empleados agrícolas del estado, y el 28 de lulio la ALRB emitió sanciones civiles contra el empleador, propietario de Cinagro Farms.

Esta es la primera vez que ALRB recomienda sanciones civiles “por la clasificación intencionalmente errónea de los trabajadores agrícolas como contratistas independientes en lugar de empleados”, dice la fuente.

“Clasificar erróneamente a los empleados como contratistas independientes, como mínimo, transmite implícitamente a los empleados que no tienen derechos laborales, y por lo tanto contiene un efecto inherente pavoroso en el libre ejercicio de los derechos protegidos de esos empleados”.

Por su parte la directora ejecutiva del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en Merced (UC-Merced), Ana Padilla señaló a The Bee que Cinagro Farms “ofrecerá la reincorporación a los seis trabajadores despedidos y les compensará por las pérdidas económicas derivadas de su despido ilegal”.

Esto, agrega Padilla, “sienta un precedente muy importante, e incluso diría que profundo, en torno a la cuestión de la clasificación errónea de los trabajadores en la industria agrícola”.

Aademás el empleador no pdrá ejercer represalias contra los referidos trabajadores, protegidos por la ley. Y deberán “dejar de clasificar incorrectamente a los trabajadores y cumplir con otros requisitos técnicos de información y notificación” sobre los derechos laborales plenos bajo la ley federal del ramo.

Las sanciones económicas al empleador, que van de 5 mil a 15 mil dólares por cada infracción, y que se definirán próximamente, deben servir como advertencia disuasiva para la industria agrícola de California que incurre en estas y otras violaciones laborales. La empresa tiene un mes para apelar la decisión, dijo Padilla.

Porque de acuerdo con el artículo 226.8 de la Ley Laboral de California, “es ilegal que cualquier persona o empleador clasifique erróneamente a una persona como contratista independiente”, concluyó Padilla■

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