En la manos de la Suprema, el futuro de la Ley de Salud Costeable

Panorama_of_United_States_Supreme_Court_Building_at_DuskDe La Redacción

“Nadie entiende mejor la importancia de la lectura de la ley en su conjunto que los cuatro jueces conservadores que disentían en 2012, en el caso anterior que la Corte Suprema revisó la referida ley de salud asequible. “Esos magistrados argumentaron que el mandato individual (requisito de la ley para que la gente tenga seguro de salud) era inconstitucional; pero incluso reconocieron que este mandato tenía una función fundamental en la ley”.

La Suprema Corte de Justicia escuchará pasado mañana los argumentos del litigio de alto riesgo, King vs Burwell, que podría determinar el futuro de la Ley de Salud Asequible (ACA), o de unos 9.6 millones de ahora derechohabientes que compraron una póliza de seguro a través HealthCare.gov y quienes podrían perder el subsidio y por lo tanto la cobertura si la Suprema falla en favor de los demandantes. De ser así, la referida ley, promulgada en 2010, podría venirse abajo, porque los subsidios son su columna vertebral..

La pregunta ante la corte este miércoles es si el gobierno federal puede mantener la distribución de los subsidios en los estados que no lograron establecer sus propios mercados de seguro de salud. Para la mayoría de las personas que reciben subsidios, el costo total de los planes de seguro médico sería inalcanzable, lo que significa que sólo las personas con las condiciones más graves o críticas de salud podrían probablemente seguir comprando la cobertura a los altos precios del mercado.

El alegato centrará la disputa en cuatro palabras de un sub apartado de un sub artículo de dicha ley, que determina que sólo puede obtener el subsidio federal quien lo haya comprado en el mercado “establecido por el estado”. En otras palabras, la pregunta en cuestión es si la ley permite que el gobierno federal pueda ayudar con el costo de las primas de seguros a las personas en cualquier lugar del país o, como sostienen los demandantes, sólo en los 16 estados que establecieron sus propios intercambios para la atención médica, y no donde el gobierno federal instauró los mercados de estos servicios de salud a nombre de esos estados.

Los detractores de la referida ley, que buscan derogarla, un sueño largamente acariciado por los republicanos, apelan a la neutralidad que los magistrados de la Suprema Corte debieran mantener ante este asunto; dicen que éstos sólo deberían interpretar el texto estatutario como está escrito en la ley, y las consecuencias desfavorables debieran ser irrelevantes para ellos. Porque, aseguran, la interpretación que dan ellos a esas cuatro palabras, “establecido por el estado”, era la intención del Congreso al redactar la legislación para que posteriormente se llevara a cabo.

Pero diversos medios informativos y expertos en la materia coinciden en señalar que los demandantes se equivocan. Que un fallo a su favor significaría infligir tal daño a tal número de personas que resulta efectivamente relevante para los magistrados una decisión de tal calado. Y proponen interpretar correctamente el texto de la ley, que demuestra –dicen-, que la interpretación de los demandantes sobre el pequeño apartado del texto es errónea.

El New York Times señala por ejemplo que ya lo ha dicho la Corte Suprema una y otra vez: “ninguna disposición de una ley debe leerse de manera aislada. Las leyes deben ser leídas en su conjunto, con miras a armonizar sus partes interdependientes. Eso significa que el tribunal se resiste a leer un pasaje callejero aquí o allí de una manera que desestabilizaría un régimen legal entero”. En otras palabras, no se puede extraer un fragmento tan pequeño de un texto tan amplio –de más de mil 200 páginas- e interpretarlo fuera de su contexto global para atentar contra la integridad de toda esa ley.

Haciendo caso omiso de este principio cardinal, los demandantes en su lugar basan su argumento en un fragmento minúsculo del cuerpo de la ley, que además se refiere al código tributario. Esta disposición se ocupa de los créditos fiscales que las personas pobres y de clase trabajadora pueden utilizar para ayudarse a pagar por un plan de salud; vincula el monto de esos créditos para poder hacerle frente al costo de un plan comprado “a través de un intercambio fijado por el Estado”. Pero como el país opera desde su fundación en base al federalismo, y las leyes que emite el Congreso para Estados Unidos tienen potestad sobre los estados, dicen juristas expertos en la materia, como es el caso por ejemplo de la ley de inmigración, los estados son también el gobierno; o sea, forman parte del Estado. Expertos en la materia afirman que la intención de la ley de salud redactada por el Congreso se refiere a la protección de los trabajadores y las personas pobres o de bajos ingresos en el país.

Según los demandantes, esas contenciosas palabras representan además una amenaza del Congreso a los estados: los estado que no establezca su propio intercambio perderá miles de millones de dólares en créditos fiscales. La mayoría de estados que reusaron establecer su propio intercambio son gobernados por republicanos.

El editorial del Times afirma que el Congreso no emitió ninguna amenaza a los estados, sino que incluso les ofreció protección. Debido a que el Congreso entendía que algunos estados podrían negarse a establecer intercambios, previendo esto el gobierno federal podría intervenir y ejecutar el intercambio a nombre del estado. Sin embargo, un fallo a favor de los demandantes echaría abajo esta interpretación. Haría los intercambios disfuncionales. Sin créditos fiscales, muchas personas sanas renunciarían a sus seguros, y esto tendría un efecto devastador no sólo en las personas que perderían sus subsidios y como consecuencia sus coberturas médicas, sino que se elevaría hasta en un 47 por ciento el costo de los servicios de salud; como resultado, las pólizas y las primas aumentarían su costo drásticamente. El Congreso quería garantizar a todos el seguro asequible, incluso a las personas en los estados que se opusieron a la reforma de salud. Esa es la única manera de dar sentido a la ley en su conjunto, afirman los defensores de ACA.

La fuente sostiene que nadie entiende mejor la importancia de la lectura de la ley en su conjunto que los cuatro jueces conservadores que disentían en 2012, en el caso anterior que la Corte Suprema revisó la referida ley de salud asequible. “Esos magistrados argumentaron que el mandato individual (requisito de la ley para que la gente tenga seguro de salud) era inconstitucional; pero incluso reconocieron que este mandato tenía una función fundamental en la ley”.

Sin el mandato individual, escribieron, “las demás disposiciones importantes podrían imponer enormes riesgos de cargas inesperadas en los pacientes, la comunidad del cuidado de la salud y el presupuesto federal”. Agregaron que esas cargas inesperadas -por ejemplo, dejar a millones de personas sin seguro médico- “estarían en conflicto absoluto con el diseño” de la ley y “supondrían una amenaza para la nación que no era la intención del Congreso”. Lo que es cierto para el mandato individual es cierto para los créditos fiscales que los demandantes en King están buscando eliminar, concluye la fuente■

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