Demandan a EPA por no proteger la salud de campesinos y si los beneficios corporativos

Campesino rociando pesticida en un campo de cultivo de cultivo. Foto; www.mailman.columbia.edu

Campesino rociando pesticida en un campo de cultivo de cultivo. Foto; www.mailman.columbia.edu

De la redacción

Fiscales Generales y organizaciones campesinas y de defensa de los derechos ambientales demandan paralelamente a la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de la administración Trump, por suspender indefinida e ilegalmente materiales informativos y capacitación de seguridad mejorada, que se había establecido ya para proteger mejor a los trabajadores agrícolas de los pesticidas químicos tóxicos que envenenan a los campesinos y sus familias.

Los Fiscales Generales de California, Maryland y Nueva York, Xavier Becerra, Brian Frosh y Barbara D. Underwood respectivamente, lideran una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de la administración Trump, por su retraso indefinido para establecer el requisito clave de la Norma de Protección de Trabajadores Agrícolas (WPS). Acusan que “Específicamente, la EPA suspendió el requisito para que los empleadores proporcionen una capacitación mejorada” para proteger mejor a los trabajadores agrícolas y a sus familias contra el envenenamiento por los pesticidas que manipulan a diario en su trabajo.

Así mismo, Rural & Migrant Ministry, la Alianza Nacional de Campesinas, el Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas, Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste y el Worker Justice Center of New York, representados por Earthjustice y Farmworker Justice sometieron también una demanda este miércoles contra la EPA “por soterrar nuevos materiales de capacitación sobre pesticidas. Los trabajadores del campo dependen de estos materiales informativos para prevenir envenenamientos y protegerse a sí mismos y a sus familias”.

Un comunicado de Earthjustice, la principal organización de derecho ambiental sin fines de lucro, señala que “La EPA reconoce que los materiales de capacitación actualizados han estado listos por más de un año, pero se niega a emitir un aviso en el Registro Federal que anuncie su disponibilidad”. Y es que si la EPA cumple con su obligación, “la capacitación mejorada será obligatoria para la industria”. Porque los materiales de capacitación sobre pesticidas actualizados y mejorados para los trabajadores agrícolas son obligatorios según el Estándar para la Protección del Trabajador 2015, un conjunto de medidas federales para prevenir el envenenamiento por pesticidas”.

Por su parte la Fiscalía General de Nueva York, Barbara D. Underwood sometió la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde señala que los Fiscales Generales sostienen que el retraso indefinido de la EPA en la capacitación crítica de salud y seguridad viola varios requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos federales, “que incluyen arbitrariedad, capricho y abuso de discreción”.

Apuntó que “Los pesticidas están destinados a ser venenosos. Sin embargo, la EPA de Trump está negando deliberadamente a los trabajadores agrícolas las herramientas que necesitan para protegerse a sí mismos y a sus familias, de estos productos químicos peligrosos… La suspensión indefinida de la EPA del entrenamiento crítico en seguridad con pesticidas es reprensible e ilegal. Seguiremos haciendo lo que sea necesario para proteger la salud y la seguridad de todos los neoyorquinos”.

En tanto, la abogada de Earthjustice, Hannah Chang acusó: “Esto debería ser una obviedad. Pero debido a la negativa de la EPA, miles de trabajadores agrícolas no recibirán la capacitación que necesitan para conocer sus derechos en el lugar de trabajo y protegerse del envenenamientos”.

Médicos diagnostican miles de intoxicaciones al año entre los trabajadores agrícolas. Los costos de la intoxicación para la salud afectan de manera abrumadora a las comunidades rurales de color. Según los propios hallazgos del gobierno, los beneficios de la Norma de Protección de Trabajadores Agrícolas (WPS) superan los 64 millones de dólares cada año en costos de salud evitados.

Richard Witt, director ejecutivo del Ministerio Rural y Migrante calificó así la conducta de la EPA: “Esto es escandaloso e inmoral… Las mujeres trabajadoras agrícolas sufren graves consecuencias de salud reproductiva, junto con otros problemas de salud que los trabajadores y miembros de la comunidad enfrentan”, debido a la exposición a pesticidas.

Mónica Ramírez, presidenta de Alianza Nacional de Campesinas sostiene que el riesgo de sufrir consecuencias se agrava cuando los pesticidas se aplican incorrectamente: “Una rigurosa revisión ya determinó que era necesario proporcionar más capacitación y aumentar la regulación de estos químicos peligrosos para proteger la salud de los trabajadores y la comunidad. Hacemos un llamamiento a la Administración Trump para que priorice la vida de las personas y su salud, en vez de los beneficios corporativos”.

Y mientras que la EPA hizo referencia a la responsabilidad de los desarrolladores de materiales y los revisores de la agencia para suspender indefinidamente los requisitos de entrenamiento de seguridad de pesticidas, la EPA no mencionó el impacto que la suspensión de la capacitación puede tener en la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas y sus familias, el uso cotidiano de los pesticidas, dice el comunicado de la Fiscalía de Nueva York.

“Esta es una más de las 85 demandas que Earthjustice ha presentado en contra de la Administración Trump y su EPA, que en diciembre anunció su intención de desmantelar las salvaguardas federales para pesticidas”, dijo la organización de derecho ambiental.

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