¿Quién dice la verdad, Trump o ICE?

Trabajadores inmigrantes contra la deportación frente a la Casa Blanca.

Trabajadores inmigrantes contra la deportación frente a la Casa Blanca.

De la Redacción

Lo que propone el presidente Trump es una medida de envergadura mucho mayor que el programa de deportación de Eisenhower, que fue tan controvertido en su época. Además del aumento de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, contenidos en el decreto presidencial, se necesitará ayuda de la fuerza policial local, pero muchas ciudades y condados han limitado su colaboración con las autoridades federales.

El tema de las redadas de los agentes de Inmigración asaltó los noticiarios nacionales este fin de semana. Entre otras cosas, contrastó una vez más dos estilos muy diferentes de gobernar: el de Barack Obama y el Donald Trump con respecto a las deportaciones de inmigrantes indocumentados, originalmente contempladas sólo para aquellos condenados por algún crimen, que fueran atrapados en redadas de los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

Por un lado con su orden ejecutiva para aumentar el número de agentes migratorios y las redadas de indocumentados, el presidente Trump presume vía tuit acerca de los 600 inmigrantes indocumentados que deportó esta administración en unos 11 estados del país durante la semana pasada, de acuerdo con The New York Times; 40 de esos deportados provinieron de las redadas en Nueva York.

Alrededor de 160 extranjeros fueron arrestados recientemente en seis condados en el área de Los Ángeles, según funcionarios ICE. Otros 200 fueron detenidos la semana pasada en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y alrededor de 200 fueron detenidos en Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri y Wisconsin.

El presidente ha dicho que “La represión contra criminales ilegales es simplemente el cumplimiento de mi promesa de campaña. Miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros están siendo removidos!”. En su campaña dijo también que deportaría a 11 millones de indocumentados, aunque luego bajaría la cifra a tres millones para comenzar su gestión.

Quizá este último estimado se base en el cálculo que hizo el gobierno en 2012, de 1.9 millones de “extranjeros criminales que pueden trasladarse”, sostuvo ICE.

Por otro lado durante los 8 años de la administración Obama se deportaron 2.8 millones de indocumentados, pero al ex presidente no le gustaba hablar del tema y lo mantenía más bien en un bajo perfil; aunque luego ordenó que se diera prioridad a los criminales peligrosos, que verdaderamente significaran una amenaza para la seguridad, pero los detalles de quienes fueron deportados demuestran que los agentes de ICE interpretaron o ejecutaron la orden del mandatario de turno muy a su manera.

Así pues Obama soltaría las riendas de la ejecución de la ley a ICE, y los agentes continuaron creando temor y dolor en las comunidades de inmigrantes, particularmente entre los latinos, separando de manera agresiva a individuos y familias mixtas o con miembros de diferentes estatus migratorio en una misma casa, que han hecho su vida en este país.

De hecho, hasta los noticiarios en inglés, que no suelen hacerlo mucho, estuvieron transmitiendo durante la semana preocupantes videoclips con dramatizaciones de allanamientos y la pregunta de, “¿Qué haría usted cuando toquen la puerta de su casa los agentes de ICE?”, a fin de que los destinatarios de este mensaje se vayan preparando.

Además, con su orden ejecutiva contra la inmigración el presidente Trump amplió el espectro de la definición legal de criminalidad, abarcando a todo indocumentado que haya cometido incluso una ofensa menor. Pasto seco para la ardiente imaginación de los agentes de ICE.

De acuerdo con el Times, de dicho cálculo de 1.9 millones de inmigrantes ‘deportables’, que al parecer ha servido de base a las recientes administraciones para establecer prioridades en la deportación, en este cálculo se incluía a más de un millón de inmigrantes con residencia legal en el país, y con visas de trabajo temporales.

Según el Instituto de Política Migratoria, un grupo de investigación científica no partidario, existen “820 mil inmigrantes no autorizados, que han sido condenados por algún delito”. Y si Trump tuviera como objetivo deportar sólo a aquellos condenados por delitos graves, continúa, “el número de éstos es aún más pequeño: sólo unos 690 mil de los 820 mil que han sido condenados debieran ser la prioridad de las deportaciones”.

Por si no fuera suficiente la falta de claridad sobre los números y las políticas de deportación, Gillian Christensen, secretaria de prensa en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, dijo al Times que “El enfoque de estas operaciones de cumplimiento selectivo es consistente con las detenciones de rutina y objetivo que llevan a cabo diariamente los equipos de operaciones fugitivas de ICE”. O sea, según esto, no ha habido ningún aumento ni han intensificado las ya de por sí agresivas detenciones de indocumentados, que por lo general derivan en deportaciones, sino que se trata de la pura y simple rutina de siempre de los agentes de ICE.

Como reportamos ayer, ICE también hizo un llamado a la opinión pública para negar las redadas y retenes que presuntamente esta agencia está desplegando en espacios públicos y domicilios privados. Dijo que estos son “rumores falsos y peligrosos, irresponsables”, que crean además “pánico masivo y ponen a las comunidades y a los agentes de ICE en un peligro innecesario”.

Trascendió además como algo también muy preocupante la postura que tomó la administración sobre el tema de la referida orden ejecutiva atorada en tribunales. Stephen Miller, asesor cercano de Trump, se dedicó a declarar en los principales noticiarios dominicales de la TV, y a la prensa en general durante todo el fin de semana, que “los poderes del presidente son incuestionables… Están fuera de toda duda”. Esta declaración de Miller, hecha a propósito de la leccion que le dieron a Trump los referidos tres jueces de la corte de apelaciones sobre la separación de los poderes y la independencia de la rama judicial, fue calirficada por  diversos analistas  como propia de un régimen autoritario.

“No tenemos supremacía judicial en este país”, declaró enfático Miller, quien respondió a la pregunta sobre el siguiente paso del presidente en esta materia: “Se tienen contempladas todas las opciones posibles… El gobierno tiene la posibilidad de apelar ante la Suprema Corte, defenderse ante los tribunales o aprobar un nuevo decreto… El presidente tiene el poder de prohibir el ingreso al territorio a algunas personas”.

Miller agregó que tal vez la Casa Blanca prepare un decreto totalmente nuevo, que podría dar a conocer tan pronto como hoy lunes o maña martes.

No queda claro si Trump podría llevar a cabo las deportaciones que ha propuesto sin violar el debido proceso, sobre todo a la escala y la velocidad que ha sugerido y que al parecer viene ocurriendo.

“La última vez que Estados Unidos llevó a cabo deportaciones masivas fue cuando el presidente Dwight D. Eisenhower autorizó redadas militares para expulsar a cientos de miles de mexicanos en 1954”, reporta la fuente.

Lo que propone el presidente Trump es una medida de envergadura mucho mayor que el programa de deportación de Eisenhower, que fue tan controvertido en su época. Además del aumento de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, contenidos en el decreto presidencial, se necesitará ayuda de la fuerza policial local, pero muchas ciudades y condados han limitado su colaboración con las autoridades federales.

Hay algunos estados y ciudades que han adoptado medidas propias del movimiento Santuario, que prohíben a sus corporaciones policiales cooperar con ICE en la detención de indocumentados, aunque han dicho estar dispuestas a cooperar cuando se trate de criminales que verdaderamente representan un peligro para la sociedad.

En el condado de Cook, en Illinois, que incluye a Chicago, “se prohíbe a los policía y a las cárceles del condado detener a inmigrantes no autorizados para entregarlos a agentes federales, a menos que dichos agentes tengan órdenes judiciales y específicas para dichas aprensiones”.

Como hemos publicado en este espacio, San Francisco es una ciudad a la que llaman santuario, donde se emiten identificaciones a inmigrantes no autorizados para que tengan acceso a los servicios municipales. Lo propio ocurre en la ciudad de Nueva York. Además, los alcaldes demócratas de algunas grandes ciudades han declarado recientemente que harán todo lo que esté a su alcance para proteger a los residentes de la deportación, aunque algunos residentes de dichas ciudades pregunatan por medidas concretas que demuestren lo dicho en las declaraciones oficiales de los alcaldes.

Esta contradicción entre lo que dice ICE y lo que afirma el presidente Trump nada más aumenta el temor ya de por sí creciente entre los inmigrantes y sus defensores, señala la prensa. Porque de acuerdo con ICE, los operativos de la semana pasada no responden a la orden ejecutiva de Trump, sino que fueron planeadas con muchas semanas de anticipación.

“Nueva York llegó tarde al juego”, dijo un funcionario de la agencia que habló bajo la condición de anonimato porque los detalles sobre quienes habían sido detenidos aún estaban siendo discutidos. El funcionario dijo también que “las detenciones no habían sido improvisadas y habían sido planeadas alrededor de las rutinas de los individuos”, agregando que una cuenta más completa de dichas detenciones estaría disponible hoy.

Urge una aclaración también sobre el concepto de criminalidad para establecer las prioridades de quienes deben o pueden ser deportados y quiénes no.

De acuerdo con una fuente anónima que cita el Times, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que “debe centrarse en la remoción de personas que representan una amenaza para la seguridad pública, que han sido acusados de delitos, que han cometido múltiples violaciones de inmigración o que han sido deportados y que han reingresado al país ilegalmente”.

Ya veremos si entra completamente en vigor la orden ejecutiva de Trump, actualmente suspendida tras el interdicto que el juez del estado de Washington, James Robart sometió, y que un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo más tarde en San Francisco. Y veremos también qué hace al respecto esta administración; si apela ante la Suprema Corte, si se defiende en los tribunales, o si redacta un nuevo decreto con alcances aún mayores y más peligrosos para los inmigrantes■

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