Cuando los votantes de La Florida aprobaron por abrumadora mayoría una enmienda constitucional para restaurar los derechos de voto a 1.4 millones de personas con antecedentes penales por delitos graves. Foto: Public Citizen / Twitter.

De la redacción

Continuando con otra de sus múltiples formas de supresión del voto, y echando mano de cortes judiciales ‘a modo’, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 11vo Circuito en Atlanta, dominada por Trump, revocó el fallo de un juez federal que igualó a un impuesto de capitación inconstitucional, el hecho de que La Florida exija a las personas con condenas penales graves pagar multas y tarifas judiciales antes de poder registrarse para votar, luego de que la Constitución del Estado fuera enmendada en 2018 para restaurar los derechos de los ex convictos.

En un fallo de 6 a 4 la Corte de Apelaciones para el 11vo Circuito, en Atlanta, dominada por Trump, asestó un golpe significativo a los grupos de derechos civiles que han luchado por expandir las listas de votantes que han cumplido sentencia, derogando el referéndum en 2018 o la Enmienda 4 (Iniciativa de Restauración de Derechos de Voto para Delincuentes), considerada durante estos dos últimos años como una gran victoria para los defensores de los derechos civiles.

En respuesta al dictamen de la corte de apelaciones la Legislatura estatal, controlada por los republicanos, aprobó dicho fallo y el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que exige que los delincuentes paguen primero todas sus obligaciones financieras con el sistema de justicia antes de poder registrarse para votar.

De esta suerte, el referido tribunal de apelaciones dictaminó que una ley de La Florida aprobada en mayo de 2019 era constitucional, al revocar el fallo de una corte inferior de 2018 que argumentaba que se “discriminaba a las personas que habían sido condenadas por delitos graves, muchos de los cuales son personas indigentes, al imponer un “sistema de pago por voto” que es a todas luces ilegal.

Y es que cuando defensores de los derechos civiles  de La Florida decidieron en 2018 poner fin a la privación del derecho al voto de los condenados por delitos graves, excepto por asesinato y delitos sexuales, los detractores de dicho derecho siguieron haciendo su trabajo de zapa, hasta lograr el veredicto que revocó el viernes el derecho de los expresos a poder votar mientras no paguen todas sus deudas con el sistema de justicia penal.

La Florida es un estado cuyas elecciones suelen ser cada vez más reñidas, por lo que dicho dictamen judicial podría tener impacto en las elecciones de noviembre. Vale recordar que George W. Bush ganó en el año 2000 la Casa Blanca con un margen de victoria de 537 votos, y que la decisión judicial fue tomada precisamente por la Corte de Apelaciones del 11vo Circuito.

De modo que con la fecha límite para registrarse el 5 de octubre, cualquier esfuerzo en La Florida para limitar el acceso a las boletas electorales podría jugar un papel importante en noviembre, si afecta particularmente a una población mayoritariamente de bajos ingresos y desfavorecida, que comúnmente se piensa votaría demócrata.

Actualmente en La Florida hay alrededor de 775 mil criminales que han completado sus sentencias, incluida la libertad condicional y pagado su deuda con la sociedad. Hasta el momento, al menos 85 mil de ellos se han registrado para votar y serán evaluados para determinar su elegibilidad, según dichos requisitos financieros.

A menos que el estado no encuentre información que los descalifica, esos delincuentes tienen derecho a votar, escribió el juez William Pryor, de la referida Corte de Apelaciones del 11vo circuito, nombrado por George W. Bush y en la lista de Trump de posibles candidatos a la Corte Suprema. Los otros cinco jueces de la mayoría en la votación de 6-4 fueron designados por Trump.

Pero el juez, Adalberto Jordan expresó su desacuerdo y sus otros tres colegas de la minoría dijeron que el fallo “obstruirá, impedirá y menoscabará la capacidad de voto de los delincuentes”, porque incluso los que ya están registrados corren el riesgo de cometer un delito si luego de votar se descubre que deben dinero como parte de su sentencia, y hasta “podrían ser procesado penalmente si se equivocan acerca de su elegibilidad”, escribió el juez.
Esos 85 mil registros de votantes ex delincuentes que había recibido la división de elecciones de La Florida hasta mayo, y que creían que habían sido reelegidos por la Enmienda 4, deben ahora revisar muy bien esos registros para ver si han pagado ya sus obligaciones financieras. Y si no lo han hecho, sólo entonces se podría eliminar a cualquiera de ellos de las listas de votantes, dijo no obstante el dictamen de la referida corte de apelaciones■