California, a la vanguardia en la protección de los derechos de la mujer

Una demostración en apoyo a Planned Parenthood en el sur de California. Foto: https://townhall.

Una demostración en apoyo a Planned Parenthood en el sur de California. Foto: https://townhall.

De la redacción

Lo que va siendo ya una costumbre, California se adelanta como el primer estado de la nación en presentar este lunes la primera demanda importante para bloquear las modificaciones del programa de planificación familiar del Título X, que redirigiría decenas de millones de dólares de proveedores de servicios de aborto como Planned Parenthood hacia clínicas de embarazo basadas en la fe.

Como publicamos oportunamente, el pasado 22 de febrero “la administración Trump dio los últimos detales a la reglamentación destinada a expulsar a Planned Parenthood del programa federal de planificación familiar Título X, cumpliendo la promesa de campaña hecha a los grupos anti aborto”.

Y hoy The Washington Post reporta que el Fiscal General de California, el demócrata Xavier Becerra, busca una orden judicial para impedir que dicha regla entre en vigencia. “Es el primer intento de lo que se espera sea una serie de desafíos legales a la regla que afectará a más de 4 millones de mujeres de bajos ingresos que reciben servicios que van desde exámenes de detección de cáncer hasta pruebas de embarazo y control de la natalidad”, a través del programa del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Los funcionarios de la administración Trump han denominado a dicha regla como una “línea brillante de separación física y financiera entre la provisión de servicios de planificación familiar y servicios de aborto”, que efectivamente requiere que Planned Parenthood “altere drásticamente sus operaciones, o deje de recibir un estimado de 60 millones de dólares para su presupuesto anual”.

Los opositores llamado a este intento del gobierno federal una regla de “mordaza que compromete la ética médica y pone en peligro la vida de los pacientes” porque prohíbe explícitamente que los médicos, enfermeras u otro personal de atención “refiera a una mujer para un aborto”.

Por su parte la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu) y el Centro para los Derechos de Reproducción se han comprometido en los últimos días a demandar legalmente al gobierno. Pero los partidarios de la nueva regla, que incluyen a numerosas organizaciones religiosas y contra el aborto, han señalado “cómo la Corte Suprema mantuvo regulaciones similares en la decisión Rust v. Sullivan, de 1991, en una decisión de 5 contra 4”. Pero esas regulaciones, dice el Post, introducidas por el presidente Reagan y vinculadas a desafíos legales, “entraron en vigencia varias semanas antes de la llegada del gobierno de Bill Clinton, que las eliminó rápidamente”.

El principal argumento del Fiscal Becerra se basa en una disposición de la Ley del Cuidado de Salud Costeable (ACA), que no estaba vigente hace 28 años; y que prohíbe las regulaciones que crean “barreras irracionales a la capacidad de las personas para obtener la atención médica adecuada”.

California es el hogar de la red de proveedores de Título X más grande de la nación, y atiende a cerca de 1 millón de mujeres. Por lo que Becerra afirma que la nueva regla coloca a las clínicas del estado “en una situación insostenible”.

Pero Becerra y otros Procuradores Generales demócratas de la nación han desafiado repetidamente las iniciativas de la administración Trump, y han “analizado todo, desde su política de inmigración hasta los esfuerzos para financiar un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, que Trump sometió a través de una declaración de emergencia, como es bien sabido. Misma que fue desafiada casi inmediatamente en tribunales.

La fuente recomienda leer las notas relacionadas con el tema, que a continuación se ofrecen (en inglés) para ampliar esta información:

Democrats call on Trump administration to delay Title X family planning rule, citing ‘serious concerns’

Trump administration bars clinics that provide abortions or abortion referrals from federal funding

Administration seeks to fund religious foster-care groups that reject LGBTQ parents

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