Agencia de protección al consumidor condena abuso en préstamos estudiantiles

¡Vamos a abolir los préstamos estudiantiles en su conjunto! Foto: Salon.com

¡Vamos a abolir los préstamos estudiantiles en su conjunto! Foto: Salon.com

El Departamento de Educación, que supervisa el programa, “alienta a los prestatarios a presentar certificaciones para verificar que su empleo califica y para ayudarles a seguir su progreso hacia el cumplimiento de los requisitos del programa”. Aproximadamente, dice la fuente, 550 mil personas habían sido aprobadas para cancelar sus préstamos a finales de 2016, según los datos provistos por el Departamento de Educación. “Pero más de la mitad de ellos, unos 250 mil no habían hecho un pago mensual de préstamo calificado, de los 120 requeridos para que sus préstamos fueran perdonados”.

De la redacción

El programa federal que permite a las personas tomar trabajos en el sector de servicio público para que sus préstamos estudiantiles sean perdonados después de una década, tropieza con una serie de errores principalmente burocráticos que tienen frustrados a muchos egresados universitarios abrumados con su abultada deuda estudiantil.

El tema parece habérsele salido de las manos a las autoridades escolares en los últimos años, de tal suerte que un organismo del gobierno federal, que brinda apoyo al consumidor de estos préstamos escolares ha elevado serias advertencias sobre diversos problemas con el referido programa que ayuda a perdonar los préstamos estudiantiles.

Las reglas de dicho programa de condonación de préstamos son confusas, dice el periódico The New Yok Times en su edición de hoy. Está plagado de “trucos burocráticos y errores absolutos que están obstaculizando a miles de personas mientras éstas tratan de aprovechar el programa”.

La fuente se basa en un informe publicado el jueves por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Los endeudados estudiantes suscriben el programa “enseñado, o sirviendo en el ejército, o trabajando para organizaciones sin fines de lucro, del tipo 501(c)3”.

Los frustrados prestatarios -o quienes reciben los préstamos-, han estado presionando a los legisladores de sus respectivas jurisdicciones para que intervengan ante la serie de errores que están poniendo en riesgo su futro. “Treinta y cinco senadores enviaron una carta en abril a (la secretaria de Educación de esta administración federal) Betsy DeVos, quejándose de que el Departamento de Educación había dicho a algunos prestatarios que habían recibido avisos de aprobación –y que indicaban que sus empleos los volvían elegibles al perdón de sus préstamos- que esas aprobaciones no eran confiables”.

El volumen de quejas es especialmente alarmante, señala la fuente, porque el programa aún no ha alcanzado su primer propósito: perdonar las deudas de los estudiantes. Este programa fue creado en 2007, y “requiere que los prestatarios realicen 10 años de servicio antes de que se elimine cualquier deuda federal de préstamos estudiantiles”. La primera oleada de prestatarios elegibles puede presentar solicitudes en los meses de octubre. Sin embargo, “cientos de denuncias en el último año indican que muchos solicitantes están encontrando obstáculos”, según dijo la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

El problema se agrava porque muchos puestos de trabajo de servicio público requieren niveles cada vez más altos de educación, y esto “obliga a las personas a acumular mayores deudas”, según el informe; “incluso cuando entran en profesiones con salarios tradicionalmente bajos. Este fenómeno es la razón por la que se estableció el programa”.

Y es aquí, dice el Times, donde aparecen los abusos que la referida agencia identificó.
Muchos prestatarios, sostuvo a la fuente Seth Frotman, el ombudsman de los préstamos estudiantiles de la referida oficina de Protección Financiera, “señalan una gama de prácticas de la industria de préstamos estudiantiles que retrasan, aplazan o niegan el acceso a las protecciones críticas de los consumidores”.

Dicha oficina está comprometida a monitorear a la industria de préstamos estudiantiles, “en busca de asuntos clave y prácticas ilegales” que afectan a los prestatarios que están tratando de acceder a las protecciones específicas del consumidor, “para poder regresar algún beneficio a sus comunidades”.

El Departamento de Educación, que supervisa el programa, “alienta a los prestatarios a presentar certificaciones para verificar que su empleo califica y para ayudarles a seguir su progreso hacia el cumplimiento de los requisitos del programa”. Aproximadamente, dice la fuente, 550 mil personas habían sido aprobadas para cancelar sus préstamos a finales de 2016, según los datos provistos por el Departamento de Educación. “Pero más de la mitad de ellos, unos 250 mil no habían hecho un pago mensual de préstamo calificado, de los 120 requeridos para que sus préstamos fueran perdonados”.

Las complicaciones son diversas. Por ejemplo, “muchos prestatarios que esperan calificar son eliminados por los tecnicismos”, de acuerdo con los hallazgos de la oficina del consumidor. “Incluso pagar demasiado puede inadvertidamente descalificar a las personas: los prestadores o empresas que recogen los pagos mensuales de los prestatarios pueden aplicar cantidades en exceso a los pagos futuros”.

Y en ocasiones esto hace que los prestatarios tengan mensualidades ajustadas por sus excesos de pago, que los eximen de pagar el mes o los meses siguientes, pero entonces estos períodos no son contados para cumplir con el programa de pagos, y esto los hace fracasar o no les condona la deuda en los tiempos planeados.

Por esta y otras razones los defensores de los frustrados deudores de préstamos estudiantiles enviaron dicha carta a la Secretaria DeVose. Pero el problema se vio eclipsado al mes siguiente, “cuando la propuesta de presupuesto federal de la administración Trump pidió que se eliminara todo el programa”, concluye el Times

Otra nota relacionada (en inglés):

How Student Loan Forgiveness Changed Graduates’ Paths

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