Acción afirmativa desafiada en la Suprema, a veces con éxito en contra de las minorías

Protestan frente a la Suprema Corte de Justicia en Washington, DC por las políticas de admisiones universitarias pidiendo la intervención del máximo tribunal. Foto: Free Beacon.

Protestan frente a la Suprema Corte de Justicia en Washington, DC por las políticas de admisiones universitarias pidiendo la intervención del máximo tribunal. Foto: Free Beacon.

De la redacción

A través de las décadas la Corte Suprema de Estados Unidos ha intervenido en varios casos de admisiones universitarias, a fin de ayudar a configurar la política nacional de Acción Afirmativa acorde con los cambios demográficos de la nación. Y no fue sino hasta después de la muerte líder del movimiento por los derechos civiles, Dr. Martin Luther King Jr. en 1968, las huelgas estudiantiles y los levantamientos urbanos resultantes de este traumático hecho (1969) que lograron que grandes universidades comenzaran a implementar esfuerzos para admitir a estudiantes de las minorías.

Expertos en el tema de la acción afirmativa sostienen que las grandes universidades en Estados Unidos comenzaron a flexibilizar sus políticas de admisión en parte debido a un imperativo moral, pero sobre todo “por temor a que el tejido de la sociedad estuviera siendo destruido por el conflicto racial”. De esta suerte, las universidades se arriesgaron entonces a prometer que admitirían estudiantes negros de barrios pobres que habían ignorado durante mucho tiempo…”, dice The New York Times.

Sin embargo, dichas intervenciones del máximo tribunal no siempre han servido para ayudar a los grupos de las minorías raciales que se hallan en desventaja con sus pares de la raza blanca, sino que en ocasiones se dan casos a la inversa.

Por ejemplo, Marco DeFunis, un hombre blanco argumentó que se le negó la admisión a la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington porque la escuela había dado prioridad a la admisión de estudiantes de minorías que estaban menos calificados, diciendo que esto “violaba la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda”. Entonces, demandó a un funcionario estatal de educación y al comité de admisiones de la escuela, y logró ingresar a esa universidad.

Vale anotar que para cuando la Suprema Corte consideró este caso, (DeFunis vs Odegaard – 1974) el demandante ya estaba en su último año de la escuela de leyes y el tribunal dictaminó que el caso era discutible. Aunque el tribunal optó por no abordar los problemas dentro del caso, dice la fuente, “fue el primer caso escuchado sobre una acción afirmativa desde que se estableció esta política en la década de 1960”.

O está también el caso de Alan Bakke (Regentes de la Universidad de California v. Bakke), un hombre de la raza blanca rechazado dos veces de la escuela de medicina de la Universidad de California en Davis. Bakke argumentó que la política de acción afirmativa de la escuela reservó 16 de los 100 lugares para estudiantes minoritarios, lo que según él violó la cláusula de igual protección y la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La Corte Suprema dictaminó en su oportunidad que en efecto el sistema de cuotas raciales utilizado por la universidad violaba la Ley de Derechos Civiles, y que Bakke debía ser admitido. Y no obstante, el juez Lewis F. Powell reconoció en su opinión que “un estado tenía intereses legítimos al considerar la carrera de solicitantes”, y que un cuerpo estudiantil diverso podría proporcionar beneficios educativos convincentes. La decisión no fue menor, pues de acuerdo con el Times, “El caso estableció la posición del tribunal sobre la acción afirmativa durante décadas”.

De esta suerte, una universidad estatal tenía que cumplir con un estándar de revisión judicial conocido como “escrutinio estricto”, en el que “la raza podría ser un factor estrechamente adaptado en las políticas de admisión”.

Y así, otros casos que alcanzaron a llegar a la Suprema Corte, como el de Bárbara Grutter (Grutter v. Bollinger), en el que una mujer blanca fue rechazada por la Universidad de Michigan y el máximo tribunal voto 5 a 4 en su favor; o el de Jennifer Gratz y Patrick Hamacher, ambos blancos, a los que se les negó admisión en la Universidad de Michigan y quienes argumentaron que “un sistema de puntos vigente en la oficina de admisiones a partir de 1998 era inconstitucional”.

Esto, con todo y que los estudiantes de los grupos minoritarios con poca representación en las universidades automáticamente recibían 20 puntos en un sistema que requería 100 puntos para la admisión. Y en una opinión de 6 a 3, encabezada por el juez William H. Rehnquist, la Corte Suprema dictaminó que el sistema de puntos no cumplía con los estándares de estricto control establecidos en casos anteriores proporcionando con esta decisión judicial “un modelo de cómo las escuelas podrían usar la raza como un factor en las políticas de admisión”.

Y cómo olvidar el caso de Abigail Fisher (Fisher v. Universidad de Texas, 2016), una mujer blanca que fue rechazada por la Universidad de Texas y que dijo que “el sistema de admisión de dos partes de la escuela, que toma en cuenta la raza, es inconstitucional”. La universidad primero admite aproximadamente el 10 por ciento superior de todas las clases de preparatoria que se gradúan en el estado, una política conocida como el Plan del 10 por ciento superior, y luego revisa varios factores, incluida la raza, para llenar los puestos restantes.

Pero tras una segunda revisión del caso por el Tribunal Supremo, y en una opinión de 4 a 3 dirigida por el juez Anthony M. Kennedy, se dictaminó que la política de la universidad cumplía con el estándar de estricto control, y que “una escuela debería tener un margen de maniobra razonable en su proceso de revisión si ha considerado otras formas de crear diversidad”, concluye la fuente■

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