A pesar de la ley, la crueldad del gobierno se impone a familias en busca de asilo

De la redacción

Familias en centro de detención antes de ser separadas. Foto: www. eslkevin.woedpress.com.

Familias en centro de detención antes de ser separadas. Foto: www. eslkevin.woedpress.com.

El gobierno de Trump continúa con su plan para acabar con la inmigración legal e indocumentada separando familias –no caucásicas ni altamente educadas-, que vienen en busca de asilo político y refugio económico, y en muchas ocasiones huyendo de la violencia y la muerte que podría depararles en sus países de origen, transidos por la violencia y la pobreza. Pero este mismo acto destructor de las familias migrantes parece generar su propio antídoto, y tanto gobiernos estatales como locales, organizaciones defensoras de los derechos civiles, y algunos empresarios que dependen de la fuerza de trabajo de los inmigrantes han erigido mecanismos de defensa y contraataque, incluidas ciudades, y también estados declarados Santuario.

En lo que puede ser el primero de una serie de acciones que intentarán obligar al gobierno a dejar de separar a los padres inmigrantes indocumentados de sus hijos, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu) está demandando a la administración Trump por separar a los niños de sus padres que buscan asilo. Esta demanda fue presentada en San Diego, California, a nombre de una mujer procedente de la República Democrática del Congo, dice un comunicado del Foro Nacional de Inmigración.

Todo comenzó cuando la mujer y su hija de 7 años de edad solicitaron asilo en un cruce fronterizo cerca de San Diego. Durante dicho proceso fueron separadas la una de la otra, y la niña fue llevada a un establecimiento de cuidado infantil del gobierno en Chicago, Illinois, mientras la madre permanece encarcelada en San Diego.

El hecho sucedió el 1 de noviembre de 2017, cundo la señora, que por ser indocumentada identificaremos como la madre, y la niña aparecerá como la hija, llegaron a un puerto de entrada de Estados Unidos cerca de San Diego y se presentaron a los agentes fronterizos. La madre había huido con su hija de su hogar en la República Democrática del Congo, donde permaneció por largo tiempo temiendo por su vida. Hasta que finalmente decidió huir con su hija y llegaron a Estados Unidos buscando asilo porque pensaba que este era el país donde estarían a salvo, dice el comunicado.

Pero aproximadamente cuatro días después, la joven niña “fue secuestrada sin ninguna explicación o justificación. Cuando los oficiales las separaron, la madre pudo escuchar a su hija en la habitación contigua gritando que no quería que la alejaran de su madre. Nadie explicó por qué se llevaban a su hija, a dónde la iban a llevar o cuándo la volvería a ver”.

Como suele ocurrir con demasiada frecuencia en estos casos, más de 3 meses y medio después de dicha detención de esta pequeña familia que huyó de la muerte, según el referido comunicado, la madre todavía permanece en un centro de detención en el área de San Diego, mientras que su hija “está detenida en Chicago, en la mitad del país, sin su madre ni nadie más que ella conozca”.

Hoy Aclu presentó la demanda a nombre de la madre y su hija para garantizar su liberación inmediata, o al menos reunirlos en un centro de detención familiar.

“Nuestra demanda -dice Aclu-, argumenta que la separación de la madre y su hija es una flagrante violación de las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda, ya que ambas fueron separadas sin justificación o incluso sin una audiencia”.

Al parecer, según el documento del Foro Nacional de Inmigración, desde el momento en que separaron a esta familia, la madre “sólo ha podido hablarle a su hija varias veces, siempre por teléfono, y no por video”, un servicio que existe y que se dispone para estas circunstancias ocasionalmente. En esas llamadas, “la niña llora. Está asustada porque no sabe qué pasará con ella y su madre”.

Cono es natural suponer, la madre trata de mantenerse fuerte para su hija, pero, en realidad, “el estrés y la incertidumbre de la situación también le han cobrado un precio muy alto. Ella lucha para poder comer y dormir, y sufre de depresión”.

De acuerdo con Aclu, la Asociación Estadunidense de Pediatría recientemente denunció esta práctica de la administración Trump, de separar a los niños inmigrantes de sus padres, señalando que “La angustia psicológica, la ansiedad y la depresión asociadas con la separación de un padre seguirían a los niños mucho después del período inmediato de separación, incluso después de la reunificación eventual con un padre u otra familia”.

Cada día que esta niña es separada de su madre, continúa la organización pediátrica, “causa un mayor daño psicológico, todo lo cual puede conducir a un trauma emocional permanente”.

Ahora bien, respecto a la ley, debido a que esta madre pasó la evaluación inicial de asilo, que estableció que tenía un “temor creíble” de regresar al Congo, ella y su hija son elegibles para la liberación. E incluso si hubiera alguna razón legítima por la cual no pudieran ser liberados, “madre e hija podrían reunirse en un centro de detención familiar”. En cambio, “en flagrante desprecio de la Constitución y el sentido común, el gobierno de Trump ha separado a una niña pequeña de su madre”.

Por tanto, Aclu señala que este caso ilustra “la desgracia a la que cotidianamente son sometidas las familias migrantes” que vienen buscando salvar sus idas y las de sus hijos. Familias que “son sometidas al trauma de la separación por parte del gobierno del que solicitan asilo”.

Y esta crueldad no debe continuar por más tiempo. “La Constitución y la decencia humana básica lo exigen”, concluye el comunicado•

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