La cámara baja, por su parte, aprobó una extensión de siete días al presupuesto del DHS tras una tumultuosa sesión, pero el tema central sigue sin resolverse: el lenguaje sobre las acciones ejecutivas migratorias.

Las deportaciones de indocumentados con baja prioridad, según los recientes lineamientos dictados por DHS a sus agentes, son una conducta aislada de funcionarios encargados de las deportaciones, que no atienden siempre las reglas, y para quienes habrá consecuencias, dijo el mandatario.

Pero aun suponiendo que la estrategia del líder de la mayoría republicana fuera aprobada en un proyecto de ley en el Congreso, es decir en ambas cámaras, será vetada por el presidente Obama, quien aseguró que lo haría. Y no está jugando.

Para jueces, abogados, funcionarios y políticos, el tiempo no es problema. Para los millones de inmigrantes que siguen en el limbo, la espera supone sueños interrumpidos y el temor a la deportación, aunque en teoría no sean prioridad para las autoridades. Otra demora más en su paso por el bulevar de los sueños rotos.

“Esta es una oportunidad para que nuestra comunidad siga adelante preparándose para aplicar, porque sabemos que sí van a tener esa oportunidad. Entonces hay más tiempo para recolectar todos los documentos necesarios para demostrar que uno sí califica para DACA o DAPA”, dijo Vázquez.

La respuesta, principalmente de los indocumentados, rebasó las expectativas de la ciudad, que habilitó unidades móviles en vecindarios pobres para brindar ayuda a cientos de residentes sin computadora ni habilidades para navegar el Internet, y con temor a acudir a las instituciones oficiales.