Abrir el centro de detención de niños separados de sus padres dejará millonarias ganancias gracias a la política de cero tolerancia del gobierno federal.

“Cuando estuve detenida en Otay Meza, embarazada de mi bebé, me dieron medicamento para dormir; de ese medicamento tuve un aborto, y caí en una depresió”.

De los 2 mil 551 niños separados de sus familias en la frontera, el gobierno piensa que a lo sumo será viable reunificar sólo a unos mil 600, lo que cataloga como elegibles dentro del plazo fijado para hoy jueves por el juez Dana Sabraw.

Desde que se supo la noticia de su arresto, la familia del ecuatoriano recibió una enorme efusión de apoyo comunitario y político, encabezado por la organización Se Hace Camino Nueva York, que sirvió como presión para catalizar la orden de liberación del inmigrante ecuatoriano.

“Nuestros líderes han pedido al gobierno federal que cese el acoso de los inmigrantes en nuestras cortes, pero son tratados con desprecio… California debe proteger el derecho del público a participar en los procesos judiciales y permitir a los tribunales cumplir con su responsabilidad en nuestra sociedad”. Ricardo Lara.